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Consejo Asesor

La creación del Consejo Asesor en Políticas de Seguridad Pública (CAPSP) surgió en el marco de la Ley Provincial N° 6.653 como respuesta a las problemáticas relacionadas con la seguridad en la Provincia de Mendoza. Su principal labor consiste en “… el estudio y la investigación de la problemática de la seguridad publica, así como la elaboración de propuestas en la materia. Realiza también el análisis del proceso de reforma del sistema provincial de seguridad publica”.

El Consejo está conformado por un Comité Ejecutivo y un Comité Consultivo en el cual participan personas de reconocida trayectoria y/o especialización en la temática específica del Consejo. La Secretaría General del Consejo tiene dependencia directa de la Presidencia y su función es de carácter técnico y administrativo.El Consejo Asesor en Políticas de Seguridad Pública elaboró el “Plan Integral de Seguridad Pública para la Provincia de Mendoza”, el cual  fue publicado en el año 2007 y declarado de Interés Provincial mediante las resoluciones Nº 226 de la Honorable Cámara de Diputados, nº 102 de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia y decreto del Poder Ejecutivo Provincial.El Plan está basado en cuatro ejes: Policial, Judicial, Penitenciario y Fortalecimiento del Tejido Social. Las propuestas sobre seguridad que en él surgen están abordadas desde una perspectiva multidisciplinaria y procuran revelar cuáles son las causas que llevan a la generalización del delito. A partir de allí se busca generar un ineludible debate con los sectores gubernamentales y no gubernamentales implicados en la búsqueda y concreción de soluciones a la problemática abordada.
Sus propuestas parten de diagnósticos de situación construidos en conjunto con diferentes ámbitos y con los más diversos actores académicos, científicos, técnicos y funcionales. Con ellos se recorre el camino hacia la proposición de estrategias de solución a mediano y largo plazo que, consideradas integralmente, buscan favorecer el cambio cultural necesario para promover un desarrollo del valor seguridad, sin apartarnos de la necesaria dosis de equidad y respeto por los derechos sociales, económicos, humanos y culturales que todo cambio debe contener en virtud de los principios democráticos que fundamentan nuestro ordenamiento jurídico institucional.En Síntesis, desde el CAPS se pretende dar una respuesta dinámica, polisectorial y multidisciplinaria al fenómeno del delito y la violencia.
Dr. Roberto Godoy Lemos
Presidente
CAPSP
Misión y objetivos del Consejo Asesor de Políticas de Seguridad Pública 
La misión del Consejo consiste en el estudio y la investigación de la problemática de la seguridad pública, así como la elaboración de propuestas en la materia y el análisis del proceso de reforma del sistema de seguridad pública en la provincia de Mendoza.
Dentro de esta misión se encuadran los siguientes objetivos generales:
Fijar una planificación integral del accionar policial para lograr reducir el número de delitos y la sensación de inseguridad en la población.
Promover políticas que viabilicen la existencia de un poder judicial independiente, accesible, confiable y eficiente.
Promover políticas  penitenciarias que orientan la ejecución de penas con perfiles educativos y de readaptación social (tras el cumplimiento de la pena debe existir un sujeto arrepentido del ilícito cometido y dispuesto a integrarse a la sociedad, respetando los valores y reglas que la misma ha pautado para su convivencia pacífica).
Fortalecer el  tejido social afianzando  una estrategia integral de prevención del delito y la violencia, atendiendo a sus causas y promoviendo una efectiva participación ciudadana y articulación gubernamental en el abordaje del problema
Autoridades e integrantes del Consejo Asesor de Políticas de Seguridad Pública Presidente:
Dr. Roberto Godoy LemosVicepresidente:
Dra. Analía FuentesEquipo técnico integrante de la Secretaría General:
Lic. Javier Ávila
Srta. María de los Angeles Mendoza
Srta. Nadya Ruth Quiroga
Srta. María Soledad Reta
Dr. Eduardo Tosi
Consejo Consultivo:
El Consejo Consultivo está integrado por las siguientes organizaciones, instituciones y personas:

Señores Padres Protectores (Valle de Uco)
A.Pro.Se.M (Asociación de Profesionales de Seguridad de Mendoza)
A.E.H.G.A. (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines)
A.M.S.A. (Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes Policiales Mendoza)
Asociación Protección al Ciudadano
Cámara Olivícola de Mendoza
Circulo de Oficiales de   Policía de Mendoza
Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza
Confederación General del Trabajo de la República Argentina
Confederación Mendocina de Deportes y Tiro Federal Mendoza
Consejo de Seguridad Rural
Federación Económica de Mendoza
Federación Entidades Profesionales Universitarias de Mendoza
Liga Mendocina de Fútbol
U.C.I.M. (Unión Comercial e Industrial de Mendoza)
Representación RENAR
Universidad Nacional de Cuyo:
    Carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública
    Carrera de Comunicación Social
    Carrera de Sociología
    Carrera de Trabajo Social
Universidad del Aconcagua
Partido Radical
Partido Demócrata
Partido Fiscal
Municipalidad de Capital
Municipalidad de Godoy Cruz
Municipalidad de Guaymallén
Municipalidad de Junín
Municipalidad de La Paz
Municipalidad de Las Heras
Municipalidad de Lavalle
Municipalidad de Luján
Municipalidad de Maipú
Municipalidad de Malargüe
Municipalidad de Rivadavia
Municipalidad de San Carlos
Municipalidad de San Martín
Municipalidad de San Rafael
Municipalidad de Santa Rosa
Municipalidad de Tunuyán
Municipalidad de Tupungato
Personas designadas por el Presidente del Consejo según lo establecido en el artículo 3° del Reglamento del Consejo establecido mediante Decreto 263/06:
  • Lic. Iris Perlbach
  • Dra. Adriana Rodríguez
  • Dr. Juan Florencio Reboredo
  • Lic. María Teresa Lucero
  • Dr. Pablo Salinas
  • Germán Groisman
  • Com. Gral. (R) Eduardo Olguín
  • Dr. Arístides Agüero
  • Lic. Martín Appiolaza
Marco legal
Ley de creación del Consejo Asesor de Políticas de Seguridad Pública

Ley 6653 Mendoza, 28 de diciembre de 1998. (Ley general vigente)
B.O.: 30/12/98 Nro. Arts.: 0005
El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de ley:
Articulo 1º – Créase el Consejo Asesor de Política de Seguridad Pública como entidad técnica de asesoramiento del ministro de Justicia y Seguridad.Articulo 2º- El Consejo Asesor de Política de Seguridad Pública tendrá a su cargo el estudio y la investigación de la problemática de la seguridad publica, así como la elaboración de propuestas en la materia. Realizará también el análisis del proceso de reforma del sistema provincial de Seguridad Publica.Articulo. 3º- El señor gobernador de la provincia nombrara a su presidente. Este propondrá al resto de sus integrantes, los que deberán ser personas de reconocida trayectoria y especialización en la temática específica del Consejo, o representar organizaciones y sectores de la comunidad afines.
Articulo 4o- El Consejo se dictará su propio reglamento de funcionamiento y sus integrantes actuarán ad honorem.
Articulo. 5o- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en el recinto de sesiones de la Honorable Legislatura, en Mendoza a los veintiocho días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.Decreto reglamentario del Consejo Asesor de Políticas de Seguridad Pública
DECRETO Nº 263 (Mendoza, 22 de febrero de 2006)
Vista la necesidad de tramitar la Reglamentación de la Ley Nº 6653, mediante la que se crea el Consejo Asesor de Política de Seguridad Pública.
             Atento a ello, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA:
            Artículo 1º: Establézcase como Reglamento de la Ley Nº 6653, el Anexo que forma parte del presente Decreto.
            Artículo 2º: Determínese que el presente Decreto comenzará a regir desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.
            Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.

El reconocimiento de las tareas desarrolladas por el Consejo Asesor de Políticas de Seguridad Pública se ha visto reflejado por las siguientes declaraciones:

- Declaración de interés del Poder Ejecutivo Provincial por decreto Número 3014 del 7 del mes de  noviembre de 2007.

– Declaración de interés de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza por Resolución 102/2007. Emitida en el expediente Número 53469 a los veintinueve días del mes de mayo de 2007.

– Declaración de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza por Resolución Número 226/2007. Emitida en el expediente Número 45587 a los treinta días del mes de mayo de 2007.

– Declaración de interés departamental por el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Las Heras. Declaración Número 09/07 a los siete días de mes de junio de 2007.

– Distinción al Dr. Roberto Godoy Lemos, Presidente del Consejo Asesor de Políticas de Seguridad Pública por su labor y trayectoria de incansable lucha en el combate de las causas que originan el delito. (Resolución 120 del 14/05/2008 de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza)

La creación del Consejo Asesor de Políticas de Seguridad Pública (CAPSP) surgió en el marco de la Ley Provincial N° 6.653 (Publicada en el Boletín Oficial 30 de diciembre de 1998) como producto de una reforma integral al sistema de seguridad provincial que, como política de estado, se llevó a cabo en aquellos años.

La mencionada ley, en su artículo segundo establece cuales son los objetivos del Consejo Asesor por ella creada, en los siguientes términos: “…el estudio y la investigación de la problemática de la seguridad pública, así como la elaboración de propuestas en la materia. Realizará también el análisis del proceso de reforma del sistema provincial de seguridad pública”. Con éste instrumento es que por primera vez la provincia de Mendoza cuenta con un organismo, el Consejo Asesor, para que aborde la problemática de la seguridad en su verdadera dimensión, dejando de la lado la simplista equiparación; seguridad igual a policía.
Tan importante y compleja tarea no podía quedar en manos de unos pocos, más teniendo en cuenta que la demanda de seguridad es un tema que figura en la agenda de todos los países democráticos del mundo, a la que no puede ni debe escapar nuestra Provincia de Mendoza.
La población se encontraba sumida en un esquema de preocupación constante y en virtud de ello, exigía respuestas eficaces a una situación que a más de escapar de las manos de la policía, era considerada como cuadro de crisis institucional, social y político.
Así las cosas, comenzamos esta nueva etapa en la convicción de que cualquier respuesta a la necesidad de mayor seguridad debe conjugar una serie de acciones donde la participación de todas las partes integrantes del Estado y la Sociedad Civil, tienen que decir presente. Fue así que convocamos representantes de los tres Poderes, de los Municipios, de los Partidos Políticos, de ONG, de las Universidades, y de todos aquellos sectores que debían participar en la discusión primero y armado luego de las necesarias y hasta ese momento escasas políticas de seguridad para la Provincia de Mendoza.
Esta tan amplia convocatoria la realizamos en virtud de considerar que el delito como fenómeno social, se origina en múltiples factores entre los que podemos mencionar a la desigualdad social, el desempleo, el desmembramiento de la familia, la drogadicción, la degradación del espacio público urbano, la descomposición del tejido social, la desestructuración del sistema educativo y el deficiente funcionamiento de las instituciones de seguridad entre otros. De los factores mencionados, se desprende correlativamente, que la policía es sólo uno de entre los variados aspectos que influyen sobre las tasas de criminalidad y el temor de la población, lo que plantea obvios problemas para los que pretenden plantear soluciones reduccionistas en sentido monista. Mediante la generación de esquemas de articulación y cooperación entre las distintas áreas del gobierno nacional, provincial y municipal, haremos de la universidad, el club, la iglesia, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y las empresas, nuestros socios estratégicos en la dura tarea de prevenir el delito.
Sobre la base del Plan de Seguridad desarrollado por la Universidad Nacional de Cuyo en al año 2003, el cual coordiné conjuntamente con la Magíster Rosa Fader, Secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de Cuyo; como asimismo del estudio y análisis de numerosos documentos y bibliografía del ámbito provincial, nacional e internacional referidos a la temática, sumado a la colaboración de especialistas en la materia, comenzamos la tarea de elaborar un Plan Integral de Seguridad para la Provincia de Mendoza.
Hemos trabajado partiendo de un diagnóstico de situación desde diferentes ámbitos y con los más diversos actores académicos, científicos, técnicos y funcionales, recorrimos el camino hacia la proposición de estrategias de solución a corto, mediano y largo plazo que, consideradas integralmente, buscan favorecer el cambio cultural necesario para promover un desarrollo del valor seguridad, sin apartarnos de la necesaria dosis de equidad y respeto por los derechos sociales, económicos, humanos y culturales que todo cambio debe contener en virtud de los principios democráticos que fundamentan nuestro ordenamiento jurídico institucional.
Pretendemos dar una respuesta dinámica, polisectorial y multidisciplinaria, que atañe al ciudadano en general. Prestigiosos estudios  sostienen que el origen de la generalización del miedo encuentra su base en la mercantilización de las instituciones jurídicas, generadora de riesgo objetivo y de constante crecimiento de la tasa de vulnerabilidad frente a los mensajes distorsivos de los medios masivos, generando la rémora de la pérdida del canal de comunicación intergrupal, dando por resultado una trasgresión constante. Más aún se afirma que el marco actual de inseguridad se profundiza debido a que, de alguna manera, todos transgredimos y algunos suben otro escalón hacia la delincuencia.
En esta línea de pensamiento, podemos atrevernos a sostener que la seguridad como valor a alcanzar, viene dada por la capacidad de los sistemas comunitarios para generar condiciones que favorezcan el disfrute de los derechos y libertades y el desarrollo de la actividad gestada por la autodeterminación personal, que respete el orden jurídico y el derecho de terceros, con el propósito de hacer más eficaz la acción pública destinada a lograr la paz social. Dicha idea deberá asociarse necesariamente a los principios de libertad, justicia social, participación ciudadana e igualdad de oportunidades.
La política criminal como herramienta que contribuye a la clarificación del objeto del CAPSP, nos aportó criterios para que las autoridades ministeriales actuales o futuras puedan abordar el tema de la criminalidad sobre bases sólidas. Nuestro objetivo primordial fue contribuir a fijar políticas que tiendan a una adecuación tanto de la realidad social, política, legal, judicial penitenciaria para atender las necesidades de defensa que la sociedad presenta frente al delito. Las políticas sugeridas también se orientan a ser concretadas como medidas que deben tomarse para la mejora del estado de inseguridad. Nos nutrimos de la criminología y de todos aquellos aportes como la doctrina y la jurisprudencia penal, la experiencia carcelaria, la política social y la técnica legislativa, a fin de cumplir la función encomendada.
En este sentido, compartimos la idea de que el derecho no puede permanecer separado de la política, tal negación sería estrecha y reduccionista en su concepción, por tanto la política criminal viene a dotar de contenido a ese vacío, trasuntando el campo de la interdisciplina que apunta al asesoramiento previo al dictado de leyes con fines manifiestos y realizables alejándonos de la arbitrariedad criminalizante.
Pero todo el trabajo desarrollado con el esfuerzo de muchos no se concretará ni obtendrá logros sin el compromiso de acción conjunta de los tres poderes, los partidos políticos y la sociedad toda.

Uno de los propósitos centrales del Consejo Asesor en Políticas de Seguridad Pública es contribuir en el diseño de políticas basadas en la realidad social, política, legal, judicial y penitenciaria de la Provincia de Mendoza. Así, todas las medidas propuestas se basan en diagnósticos locales y se nutren de insumos provenientes de la criminología, la doctrina y la jurisprudencia penal, la experiencia carcelaria, la política social y la técnica legislativa.

En esta línea de pensamiento, podemos sostener que la seguridad, como valor a alcanzar, viene dada por la capacidad de los sistemas comunitarios para generar condiciones que favorezcan el disfrute de los derechos, las libertades y el desarrollo de la actividad gestada por la autodeterminación personal, que respete el orden jurídico y el derecho de terceros, con el propósito de hacer más eficaz la acción pública destinada a lograr la paz social. Dicha idea deberá asociarse necesariamente a los principios de libertad, justicia social, participación ciudadana e igualdad de oportunidades.

De allí que, siguiendo los principales lineamientos metodológicos del Plan Integral de Seguridad, el Consejo desarrolla una continua tarea de diagnósticos y elaboración de propuestas en torno a las distintas problemáticas vinculadas a la seguridad pública en la Provincia de Mendoza. En ella se incluye la participación de distintos actores sociales, tales como funcionarios públicos, líderes de la sociedad civil organizada y ciudadanos con experiencia y/o trayectoria en las distintas temáticas.